El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió la renovación de fondos para la agencia de refugiados palestinos para Oriente Medio (Unrwa), en medio de una campaña de desprestigio contra la entidad impulsada por Israel.

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También instó Estados Unidos, Reino Unido y varios otros países a no suspender la financiación de la agencia, diciendo que se deben satisfacer las necesidades desesperadas de las poblaciones a las que sirve.

«Cualquier empleado de la ONU involucrado en actos de terrorismo será considerado responsable, incluso mediante un proceso penal», dijo el jefe de la ONU en un comunicado. «La secretaría está dispuesta a cooperar con una autoridad competente», afirmó.

«Aunque entiendo sus preocupaciones -yo mismo me horroricé por estas acusaciones-, hago un fuerte llamamiento a los Gobiernos que han suspendido sus contribuciones para que, al menos, garanticen la continuidad de las operaciones de la Unrwa», dijo Guterres en un comunicado difundido por su oficina.

 «Mientras tanto, dos millones de civiles en Gaza dependen de la ayuda crítica de la Unrwa para su supervivencia diaria, pero la financiación actual de la agencia no le permitirá cumplir con todos los requisitos para apoyarlos en febrero», puntualizó.

“Los abominables presuntos actos de estos miembros del personal deben tener consecuencias. Pero las decenas de miles de hombres y mujeres que trabajan para la Unrwa, muchos de ellos en algunas de las situaciones más peligrosas para los trabajadores humanitarios, no deberían ser penalizados”, afirmó.

Israel inició una campaña contra la entidad de la ONU, luego de acusar que funcionarios de la misma participaron en el ataque del 7 de octubre llevado a cabo por la resistencia palestina en Gaza, sin embargo, Hamás rechazo que personal de la Unrwa estuviera involucrado.

No obstante, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Australia, Canadá, Finlandia y Países Bajos decidieron suspender la financiación a la Unrwa tras las acusaciones del régimen sionista.

Desde hace casi siete décadas, la agencia ha sido la encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados y refugiadas de Palestina.

Una población que vive acogida en Siria, Líbano, Jordania y el territorio Palestino ocupado (la franja de Gaza y Cisjordania), a la espera una solución justa y definitiva a una situación tan difícil como injusta.

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